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Conoce tus derechos: ¿te hackearon la cuenta o te chantajean con fotos? Qué castiga la Ley 175/2018 y dónde denunciar

Llega un mensaje después de medianoche desde una cuenta sin nombre, con una foto y una amenaza de publicarla junto a una petición de dinero. Justo ahí empieza esta guía: qué castiga la Ley de Lucha contra los Delitos de Tecnología de la Información n.º 175 de 2018 en sus artículos 14, 15, 24, 25 y 26, cómo se conserva la evidencia digital antes de que se pierda, y dónde —y quién— puede presentar la denuncia.

La redacción·Publicado 30 de octubre de 2026·7 min de lectura
رجل يجلس وحيدًا في غرفة مظلمة ويحدّق في شاشة هاتفه المضيئة، في مشهد يعكس تلقي رسالة تهديد ليلاً والشعور بالعزلة
Japanexperterna.se / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Es la una y media de la madrugada. La casa está en silencio y solo se oye el ventilador cuando el teléfono se ilumina sobre la almohada con un mensaje de una cuenta sin nombre ni foto de perfil. Adjunta hay una captura de una foto privada y, debajo, una sola línea: paga o la publico. En esos primeros minutos las paredes parecen cerrarse, y quien recibe el mensaje se siente completamente solo en el mundo, así que hace una de dos cosas: pagar en silencio, o borrarlo todo, apagar el teléfono y fingir que esa noche nunca ocurrió. Las dos reacciones benefician únicamente al chantajista.

Este artículo no trata sobre configuraciones de seguridad preventivas ni sobre protección de datos personales; de eso ya hablamos en otro texto dedicado a la Ley n.º 151 de 2020. Aquí partimos del momento posterior al daño: la cuenta ya fue hackeada, o la foto ya está en manos de alguien que la usa como amenaza. A partir de ahí solo importan tres preguntas: ¿qué castiga exactamente la ley?, ¿cómo se conserva la evidencia digital antes de que se pierda?, y ¿dónde —y quién— puede presentar la denuncia?

La referencia principal es la Ley n.º 175 de 2018 de Lucha contra los Delitos de Tecnología de la Información. Se promulgó el 14 de agosto de 2018 y entró en vigor al día siguiente, el 15 de agosto, según consta en la base de datos legislativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esto significa que lo que ocurre en una pantalla no es una zona gris: está regulado por artículos concretos con penas específicas, y la Fiscalía General lo investiga como cualquier otro delito.

La historia suele empezar con el acceso indebido. El artículo 14 castiga con prisión no menor de un año y multa no menor de 50.000 libras egipcias ni mayor de 100.000 —o con una de las dos penas— a quien acceda de forma deliberada y sin derecho a un sitio web, una cuenta privada o un sistema informático cuyo acceso esté restringido; la pena se agrava si de esa intrusión resulta el borrado, la alteración o la destrucción de datos. Bajo este artículo cae la expareja o el compañero de trabajo que conserva la contraseña y entra sin autorización: conocer la contraseña no equivale a tener derecho a usarla. El artículo 15, en cambio, contempla otra situación: alguien a quien sí se le concedió acceso —un empleado con permisos limitados, o una persona encargada de administrar una página— pero que excede los límites de tiempo o de nivel de acceso permitidos. Su pena es prisión no menor de seis meses y multa de entre 30.000 y 50.000 libras.

Y si el autor no se detiene en el acceso, sino que crea una cuenta o un correo electrónico atribuido falsamente a la víctima, se trata de un delito autónomo previsto en el artículo 24: prisión no menor de tres meses y multa de entre 10.000 y 30.000 libras. Si esa cuenta falsa se usa además para perjudicar a la persona cuyo nombre lleva, la pena sube a prisión no menor de un año y multa de entre 50.000 y 200.000 libras. Es decir, la mera existencia de una página con tu nombre y tu foto que tú no creaste ya es motivo de denuncia, sin necesidad de esperar a ver qué llega a publicar.

Después llega el núcleo de lo que más teme la víctima: su privacidad. El artículo 25 castiga con prisión no menor de seis meses y multa de entre 50.000 y 100.000 libras —o con una de las dos penas— a quien viole la intimidad de la vida privada o divulgue conversaciones, fotos o información de carácter privado, y castiga también, como delito independiente y no como una simple modalidad de esa violación de la privacidad, el envío masivo y reiterado de mensajes electrónicos a una persona determinada sin su consentimiento. Es decir, la avalancha incesante de mensajes no es una molestia que haya que tolerar: es en sí misma una conducta que la ley castiga, incluso antes de que se publique nada.

La disposición más severa de este capítulo es el artículo 26. Castiga con prisión no menor de dos años ni mayor de cinco, y multa de entre 100.000 y 300.000 libras —o con una de las dos penas—, a quien utilice deliberadamente un programa o una técnica informática para procesar datos personales de otra persona con el fin de vincularlos a contenido contrario a la moral pública, o de presentarlos de forma que dañe su honor o su reputación. El texto va más allá del simple montaje de imágenes, aunque la foto trucada sea su aplicación más evidente; en la práctica, que la imagen sea falsa no saca al autor del alcance del delito, sino que lo coloca justo en su tramo más duro.

Queda el acto mismo de amenazar. Junto a la ley de tecnología de la información está el Código Penal, y en él el artículo 327, que castiga con prisión a quien amenace a otra persona por escrito con cometer un delito contra su persona o sus bienes, o con divulgar hechos que dañen su honor o atribuírselos, cuando esa amenaza vaya acompañada de una exigencia o de una orden de hacer algo. Según lo publicado por periódicos egipcios en diciembre de 2025 sobre el recurso de casación n.º 7094 del año judicial 95, el Tribunal de Casación resolvió que la palabra «escrito» en este artículo está redactada en términos generales y abarca todos los medios de escritura, tradicionales o electrónicos. La conclusión práctica es que el mensaje de amenaza no es una prueba contra la víctima, como muchos creen erróneamente: es una prueba contra el agresor.

Aquí entra la primera regla: no pagues. Pagar no termina nada, porque demuestra al chantajista que el método funciona y que a la víctima se la puede volver a exprimir dos semanas después, y otra vez al mes siguiente, arrastrándola a transferencias y billeteras digitales difíciles de rastrear. La segunda regla es más difícil de cumplir: no borres nada. Lo primero que hace quien entra en pánico es borrar la conversación y bloquear la cuenta, destruyendo con sus propias manos la única prueba en la que se apoyaría la denuncia. Bloquear es el paso correcto, pero después de guardar la evidencia, nunca antes.

Conservar la evidencia digital es una tarea sencilla que lleva un cuarto de hora. Haz una captura de pantalla de toda la conversación, no solo del mensaje de amenaza, de modo que se vea el nombre de la cuenta y la fecha y hora de cada mensaje. Copia el enlace de la cuenta o el nombre de usuario letra por letra, y guarda cualquier número de teléfono o billetera digital a la que se pidió transferir dinero, junto con el comprobante de la transferencia si llegaste a pagar algo. Deja los mensajes tal como están y no restaures el teléfono de fábrica; anota en un papel una cronología: cuándo llegó el primer mensaje, qué se exigió y qué pasó después.

En cuanto a dónde presentar la denuncia, la autoridad competente es la Dirección General de Tecnología de la Información del Ministerio del Interior, conocida popularmente como la Policía de Internet (Mabahith al-Internet). Según periódicos egipcios que citan comunicados del propio Ministerio, la dirección recibe denuncias a través de una línea directa, el 108, en su sede de Primer Asentamiento, en El Cairo Nuevo, en una unidad de la plaza Abbasiya, y también mediante un servicio electrónico en la web del Ministerio. Como los números y las direcciones pueden cambiar, lo más seguro —al momento de escribir estas líneas— es confirmarlos en el sitio web oficial, aunque la vía tradicional sigue abierta: presentar un atestado en una comisaría de policía o una denuncia ante la Fiscalía General. Desde el 1 de octubre de 2026 rige la nueva Ley de Procedimiento Penal n.º 174 de 2025, que sustituye a la ley de 1950 y que, entre otras cosas, regula el uso de los medios digitales en el proceso; se trata de un cambio de procedimiento, no del tipo penal.

En cuanto a los trámites, la autoridad receptora exige —según lo publicado en la prensa— que la víctima se presente en persona, o a través de un representante con poder notarial, con su documento nacional de identidad, la evidencia digital y los detalles de los hechos. Para mujeres y niñas en particular existe la Oficina de Quejas de la Mujer, dependiente del Consejo Nacional de la Mujer, que ofrece asesoría legal y social y apoyo psicológico inicial a través de la línea 15115, según anuncia el propio Consejo en su sitio web oficial. Contar con un abogado aquí no es un lujo: es lo que garantiza que la denuncia quede redactada correctamente desde la primera línea y protege a la víctima de que el propio trámite termine convirtiéndose en un espacio para acusarla a ella.

El verdadero obstáculo persiste, y no es legal sino social: el miedo al escándalo dentro de casa pesa más que el miedo a la publicación. Muchas chicas y chicos —algunos menores de dieciocho años, que temen que su familia se entere— prefieren pagar con su propio dinero antes de que alguien lo sepa. Ese es exactamente el capital del chantajista: tu silencio. Según nuestra lectura del texto legal, los delitos de esta ley no son de aquellos en que el legislador supedita el inicio de la acción penal a una denuncia de la víctima, así que la puerta de la denuncia no se cierra para nadie, y la presencia de un tutor o de un abogado junto al menor solo fortalece el expediente. Contárselo a una sola persona de confianza es el primer paso que le quita fuerza a la amenaza, porque lo que la familia ya sabe deja de ser una carta de presión.

Vuelve a esa habitación a la una y media de la madrugada. Esa primera hora, por sí sola, determina cómo serán los meses siguientes: sin respuesta, sin negociar, sin transferir nada; capturas de pantalla guardadas en un lugar seguro y mensajes que se dejan tal cual, luego una sola palabra a alguien de confianza y, por la mañana, una denuncia con tu identificación y tus pruebas, con un abogado al lado si es posible. El chantajista apuesta a que sentirás vergüenza, guardarás silencio y pagarás; la Ley n.º 175 de 2018, con sus artículos 14, 15, 24, 25 y 26, está escrita precisamente para que pierda esa apuesta. Apaga la pantalla y duerme si puedes, porque desde el momento en que presentas la denuncia, la carta que él tenía en la mano pasa a estar en la tuya.

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