Día Universal del Niño: qué garantizan realmente a su hijo el artículo 80 de la Constitución egipcia y la Ley del Niño
El 20 de noviembre el mundo celebra el Día del Niño, una efeméride de textos y no de un suceso. Leemos el artículo 80 de la Constitución tal como está publicado, la ratificación egipcia de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, las sanciones que la Ley 186 de 2023 reescribió en la Ley del Niño y qué puede hacer un padre o tutor cuando un derecho se atasca.

Durante todo el año, las salas de espera de las oficinas de salud de las ciudades y distritos de Egipto se llenan de madres y padres que sostienen un pequeño papel: la notificación de nacimiento. Muchos saben que esa cola no es un trámite administrativo pasajero, sino el primer eslabón de una larga cadena. De ese papel salen el certificado de nacimiento y la cartilla de vacunación; del certificado, el número de identidad nacional; de este, la plaza escolar y la tarjeta del seguro médico y, dieciocho años más tarde, el derecho al voto. Cada 20 de noviembre el mundo celebra el Día del Niño, una ocasión para plantear una pregunta práctica: ¿qué garantizan en realidad las normas egipcias a este pequeño cuyo nombre todavía es solo tinta en un formulario?
Empecemos por la propia efeméride, tal como la define Naciones Unidas. Las páginas del Día Universal del Niño en el sitio de la organización fijan la fecha del 20 de noviembre, y la página de antecedentes explica que, mediante la Resolución 836 (IX) del 14 de diciembre de 1954, la Asamblea General recomendó a los países instituir un día universal del niño, y que cada uno eligiera la fecha y la forma de celebrarlo. El 20 de noviembre es, concretamente, el día en que la Asamblea General aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y, treinta años exactos después, la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Se trata, pues, de una efeméride de textos y no de un suceso, y por eso es un buen momento para leer los nuestros.
Egipto no es un espectador lejano ni un invitado en esta historia. La base de datos de tratados depositados ante el secretario general de la ONU registra que la Convención fue aprobada por la Resolución 44/25 de la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989, y que Egipto la firmó el 5 de febrero de 1990 y la ratificó el 6 de julio de 1990, antes de su entrada en vigor general el 2 de septiembre de 1990, conforme a su artículo 49. La ratificación tiene efectos internos y no solo formales: el artículo 93 de la Constitución establece que el Estado «queda obligado por los acuerdos, pactos y convenciones internacionales de derechos humanos que Egipto ratifique, los cuales tendrán fuerza de ley tras su publicación con arreglo al procedimiento establecido». Es decir, una vez publicado conforme a ese procedimiento, lo que dice la Convención es una norma interna, no un texto ajeno que se lee por cortesía.
Llega entonces el texto que importa a todas las familias. El artículo 80 de la Constitución dice, en su redacción publicada: «Se considera niño a toda persona que no haya cumplido dieciocho años. Todo niño tiene derecho a un nombre y a documentos de identidad, a la vacunación obligatoria y gratuita, a la atención sanitaria y familiar o alternativa, a una alimentación básica, a un alojamiento seguro, a la educación religiosa y al desarrollo afectivo y cognitivo». Esa frase zanja una discusión que se repite en nuestros hogares: la edad de la niñez no es cuestión de costumbre ni de apariencia física, sino una cifra escrita en la Constitución.
El artículo va bastante más allá de esa lista. Garantiza los derechos de los niños con discapacidad, su rehabilitación y su integración en la sociedad, y obliga al Estado a cuidar y proteger al niño «de todas las formas de violencia, abuso, malos tratos y explotación sexual y comercial». Reconoce además a todo niño el derecho a la educación temprana en un centro de la infancia hasta los seis años, y prohíbe emplearlo antes de que supere la edad de finalización de la educación básica, así como en trabajos que lo expongan a peligro. La prohibición es, por tanto, doble: una ligada a la edad escolar y otra a la naturaleza del trabajo, sea cual sea la edad del niño.
El artículo 80 da también al niño un trato judicial distinto. Obliga al Estado a crear un sistema judicial específico para los niños víctimas y testigos, y dispone que a un niño no se le puede exigir responsabilidad penal ni detener sino conforme a la ley y por el tiempo que esta fije, que se le debe prestar asistencia jurídica y que su detención ha de cumplirse en lugares adecuados y separados de los destinados a los adultos. El artículo se cierra con la regla a la luz de la cual debe leerse todo lo anterior: «El Estado procurará lograr el interés superior del niño en todos los procedimientos que se adopten respecto de él». Es decir, el interés superior es una vara con la que se mide cada medida, no una consigna de coloquio.
Pero la Constitución traza las líneas generales y es la ley la que las completa. Egipto tiene una norma específica para la infancia: la Ley del Niño n.º 12 de 1996, promulgada en marzo de 1996 y modificada varias veces desde entonces. La reforma más amplia llegó en 2008 y la más reciente es la Ley 186 de 2023, publicada en la Gaceta Oficial, número 49 (bis), el 10 de diciembre de 2023 y en vigor desde el día siguiente a su publicación. No es un detalle para especialistas: buena parte de lo que se repite sobre la Ley del Niño es una redacción antigua que fue derogada y sustituida, y, al cierre de estas líneas, el texto de referencia es el que resultó de la sustitución de diciembre de 2023.
La ley empieza por el primer papel. Declarar un nacimiento es una obligación que debe cumplirse en un plazo de quince días desde el parto, ante la oficina de salud o ante el omda (el jefe de la aldea), según el caso. La ley enumera por orden quiénes tienen esa obligación, entre ellos la madre del niño, y explicamos su derecho a inscribir a su recién nacido en nuestro artículo «Antes de los dieciocho». Lo nuevo es que la Ley 186 de 2023 sustituyó el texto del artículo 23, de modo que la infracción de las disposiciones sobre notificación e inscripción se castiga con una multa de 500 a 2000 libras egipcias. Sustituyó también el artículo 24: quien facilite a sabiendas datos falsos entre los que la ley exige al declarar un nacimiento será castigado con prisión de seis meses a un año y multa de 2000 a 5000 libras, o con una de las dos penas, y la misma pena se aplica a quien declare un nacimiento ya declarado e inscrito, sabiéndolo.
Del papel pasamos al cuerpo. La vacunación obligatoria y gratuita figura en el propio artículo 80, y no en una circular administrativa que una decisión pueda anular; quien quiera los detalles prácticos los encontrará en nuestro artículo sobre la cartilla de vacunación. Con la educación ocurre lo mismo. Cuando la Constitución prohíbe emplear a un niño antes de que termine la educación básica, une dos derechos en una sola frase, porque el abandono escolar es, la mayoría de las veces, el primer paso hacia el mercado laboral. Por eso la plaza en la escuela es un derecho y no una opción familiar.
La protección tiene una estructura propia. La ley expone en un apartado las situaciones en las que se considera que un niño está en peligro, como enumeración de supuestos que no lleva aparejada pena alguna. Las sanciones están en dos artículos, en la redacción que los sustituyó en diciembre de 2023. El artículo 113 castiga a quien, tras haber sido apercibido conforme al primer párrafo del artículo 98, descuide la vigilancia de un niño y este quede expuesto a peligro en alguna de las situaciones allí previstas, con prisión no inferior a tres meses o multa no inferior a 1000 libras ni superior a 5000. Permite además que el tribunal, en su lugar, someta al infractor a programas de rehabilitación y formación de hasta seis meses, con seguimiento mediante un informe mensual. El artículo 114 castiga a la persona a quien se haya confiado un niño y descuide alguno de sus deberes, si como consecuencia el niño comete un delito o queda expuesto a peligro, con prisión de tres a seis meses o multa de 1000 a 5000 libras. Si el hecho obedece a un incumplimiento grave de esos deberes, la pena es de prisión de seis meses a un año y multa de 2000 a 5000 libras, o una de las dos.
Conviene fijarse en lo que omiten la mayoría de los resúmenes que circulan. En el artículo 113, el apercibimiento precede a la sanción, y la alternativa de la rehabilitación figura en su segundo párrafo. El último párrafo del artículo 114 remite a esa disposición, de modo que se aplica a los dos supuestos de ese artículo. La ley prevé además un órgano que pocos conocen: un comité general de protección de la infancia en cada gobernación, presidido por el gobernador, con subcomités constituidos en la demarcación de cada distrito o comisaría de policía, que reúnen a especialistas en seguridad, trabajo social, psicología, medicina y educación, y cuya misión es vigilar, intervenir y dar seguimiento. Es decir, el órgano al que se refiere el texto está en su propio distrito policial y no solo en la capital. A su lado funciona la Línea de Ayuda al Niño del Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad, en el 16000, a la que dedicamos un artículo entero.
La Ley 186 de 2023 añadió además un artículo nuevo, el 72 bis. Reconoce a la trabajadora del Estado, del sector público, del sector empresarial público o del sector privado, según el caso, que tenga a su cargo bajo kafala (acogida legal) o hadana (custodia) a un niño menor de seis meses, los mismos derechos que establecen los artículos 71 y 72 de la misma ley, y remite al reglamento de desarrollo la fijación de las normas que lo regulen. El texto menciona juntas la kafala y la hadana, que son figuras distintas de la wilaya, la tutela legal. Lo importante es que nos recuerda que la Ley del Niño es un texto vivo y que seguir sus reformas es condición para conocer un derecho en su forma exacta.
Queda la pregunta de todo lector: ¿qué distancia hay entre que una norma exista y que llegue al niño? Aquí nos limitamos a cifras atribuidas a su fuente y ceñidas a su periodo. Según lo publicado sobre un informe trimestral de desempeño de la Línea de Ayuda al Niño presentado a la presidenta del Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad, la línea atendió 6878 quejas, denuncias, solicitudes de ayuda y servicios entre enero y marzo de 2026, y logró salvar a 14 niñas de la ablación y detener 39 matrimonios de niñas por debajo de la edad legal. Son las cifras de un único organismo ante lo que le llegó en tres meses, no una medida de la extensión de ningún fenómeno. La ablación y el matrimonio de menores de dieciocho años son hechos regulados por el texto de la ley egipcia, y solo con esa calificación jurídica los mencionamos.
Vuelva ahora a esa cola de la oficina de salud, donde empezamos y donde terminamos. Lo que le pedimos no necesita un abogado. Declare el nacimiento dentro del plazo de quince días y no lo aplace. Guarde juntos en una carpeta el certificado de nacimiento y la cartilla de vacunación, con una copia de cada uno. Sepa que la Constitución fija la edad de la niñez en dieciocho años y que ninguna costumbre ni acuerdo puede reducirla. Sepa que la ley dispone la constitución de un subcomité de protección de la infancia en la demarcación de cada distrito o comisaría de policía, y pregunte por el de su zona. Sepa también que, en uno de los dos artículos sobre negligencia, el apercibimiento precede a la sanción, y que la rehabilitación es una alternativa a disposición del tribunal. Porque los derechos del niño en las normas egipcias no son retórica de un día del calendario internacional, sino papeles, fechas y plazos, y el camino más corto hacia ellos es que los adultos sepan lo que se debe a sus pequeños y lo reclamen a tiempo.
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