El nuevo Código de Procedimiento Penal egipcio (ley 174/2025) entra en vigor: ¿qué cambia?

Cualquier mañana de octubre se repite la misma escena frente a los edificios de la Fiscalía: una mujer espera en una fila corta, con una carpeta de plástico llena de papeles doblados con cuidado, y le pregunta a quien tiene al lado, sin alzar la voz, si es cierto lo que ha oído: que la ley ha cambiado. No recuerda el número de la ley ni la fecha de su publicación, pero sabe exactamente qué significa su pregunta: ¿cambiarán las fechas de renovación? ¿Se moverá algo en el largo camino entre un cargo de acusación y la palabra de un juez? La respuesta es que algo importante ha cambiado de verdad, aunque el cambio está en los detalles finos más que en los grandes titulares.

La ley que acompañó a los egipcios durante unos setenta y seis años fue el Código de Procedimiento Penal n.º 150 de 1950, que, con todas sus reformas, siguió siendo la referencia de cada paso procesal: la detención, la instrucción, la prisión preventiva, la remisión a juicio, el juicio y la apelación. Desde el 1 de octubre de 2026, con el inicio del nuevo año judicial, lo sustituyó la Ley 174 de 2025. Las disposiciones de promulgación derogaron expresamente la Ley 150 de 1950, y también la Ley 140 de 2014, relativa a la extradición de acusados y el traslado de condenados.

El camino que siguió el texto hasta convertirse en ley cabe en una frase: el proyecto volvió a la Cámara de Representantes para su debate, se aprobó ya enmendado el 16 de octubre de 2025 y se publicó en el Boletín Oficial, número 45 bis (d), el 12 de noviembre de 2025. La distancia entre la fecha de publicación y la de entrada en vigor —unos diez meses y medio— no fue un vacío: según se explicó oficialmente, se trató de un plazo de gracia deliberado para formar a jueces, fiscales, agentes de policía judicial y abogados, y para construir la infraestructura tecnológica sobre la que se apoya la notificación por medios modernos.

Nuestro enfoque aquí se limita a un solo eje: qué cambió entre los dos textos; los derechos constitucionales en el momento de la detención o el arresto ya fueron objeto de un artículo aparte en esta plataforma, publicado el 18 de agosto. Lo primero que nota el ciudadano es la prisión preventiva: la nueva ley amplió el abanico de medidas alternativas de tres a siete en el artículo 114: la prohibición de que el acusado abandone su vivienda o su domicilio, la obligación de presentarse en la comisaría en horarios fijados, la prohibición de frecuentar determinados lugares, la prohibición de salir de una zona geográfica definida sin permiso de la Fiscalía General, la prohibición de encontrarse o comunicarse con determinadas personas, la prohibición temporal de portar armas junto con la entrega de estas a la policía, y el uso de medios técnicos modernos de seguimiento cuando existan las condiciones para aplicarlos. La idea que sostiene esta lista se declara sin rodeos: que la prisión sea el último recurso, no la primera opción.

Después vienen los plazos, la parte que muchos resumen mal. El fiscal dicta una orden motivada de detención por un máximo de cuatro días siguientes a la captura o entrega del acusado (artículo 113). Si la Fiscalía considera que la detención debe continuar, presenta el expediente, antes de que venzan esos días, al juez del tribunal parcial (el equivalente, en Egipto, a un juez de primera instancia), que puede ordenar la libertad o prorrogar la detención por períodos sucesivos de no más de quince días cada uno, sin que el total supere los cuarenta y cinco días (artículo 121). Después, el expediente pasa al tribunal de apelación de delitos menores, reunido en cámara de consejo, que puede prorrogar la detención por períodos sucesivos de no más de cuarenta y cinco días cada uno (artículo 123).

Aquí hay un punto que merece una lectura atenta, porque la confusión en torno a él es frecuente. El artículo 124 fija un tope intermedio para la fase de instrucción: tres meses en los delitos menores y cinco meses en los delitos graves, y este no es el tope final, como suele creerse. El tope absoluto es que la duración total de la detención no supere un tercio del máximo de la pena privativa de libertad prevista para el delito, de modo que no exceda los cuatro meses en los delitos menores, los doce meses en los delitos graves, y los dieciocho meses cuando la pena prevista sea la cadena perpetua o la pena de muerte. El artículo 125 añade una disposición especial, sujeta a una condición precisa, y no una regla general: cuando ya se haya dictado una sentencia de muerte o de cadena perpetua, el tribunal de apelación de delitos graves y el Tribunal de Casación pueden ordenar la prisión preventiva del acusado por cuarenta y cinco días, renovables por otros períodos sin superar los dos años en total. La comparación va en un solo sentido: el artículo 143 de la ley derogada imponía la misma restricción con topes más largos: seis meses en los delitos menores, dieciocho meses en los delitos graves, y dos años en los delitos castigados con cadena perpetua o pena de muerte.

Y como sobre estas cifras se toman decisiones muy reales, conviene ser prudente: los números de los artículos y los plazos citados aquí proceden del texto tal como se publicó en el Boletín Oficial y tal como lo han recogido las fuentes jurídicas especializadas hasta el momento de escribir estas líneas; la referencia decisiva ante cualquier disputa sigue siendo el texto oficial del número 45 bis (d) y la página de la ley en el portal del Ministerio de Justicia, y cada regla tiene excepciones que un solo artículo no puede abarcar.

El segundo cambio que sentirá el ciudadano tiene que ver con la presencia del abogado, tema sobre el que circula una simplificación engañosa. La ley antigua ya exigía, en los delitos graves y en los delitos menores sancionados con prisión, convocar al abogado del acusado antes de interrogarlo, y obligaba al instructor a designar de oficio un abogado si el acusado no tenía uno o si este no se presentaba tras ser convocado; el abogado de oficio no es, por tanto, ninguna novedad. Pero permitía el interrogatorio sin abogado en caso de flagrancia y en casos de urgencia, por temor a que se perdieran las pruebas. El nuevo texto restringe mucho esa excepción: el fiscal no puede interrogar al acusado ni confrontarlo con otros acusados o testigos salvo en presencia de su abogado (artículo 105), y la única excepción es que se tema por la vida del acusado y no haya tiempo que perder, y solo después de que la Fiscalía haya pedido al colegio de abogados local que designe con urgencia un letrado; si este no se presenta a tiempo, el interrogatorio puede llevarse a cabo, aunque el abogado elegido o designado conserva el derecho de sumarse a la sesión si llega antes de que termine. El artículo 106 prohíbe separar al acusado del abogado presente durante la instrucción.

El tercer cambio afecta a la revisión de la continuidad de la detención al margen del ciclo habitual de renovaciones: el artículo 123 obliga a someter el asunto al Fiscal General cuando la prisión preventiva del acusado cumple noventa días, para que adopte las medidas que considere adecuadas para cerrar la instrucción. Es una sola garantía, no dos, aunque a veces se describa de dos maneras aparentemente distintas —una revisión a los noventa días y una revisión cada tres meses—, porque ambas remiten a la misma norma, ya que noventa días equivalen exactamente a tres meses; la idea es que cada prórroga tenga una revisión propia, y no una renovación automática.

El cambio que transformará el aspecto mismo de los expedientes es la notificación por medios modernos. El artículo 72 obliga a la víctima, al actor civil y al responsable civil a fijar, cada uno, un domicilio elegido en la sede de la Fiscalía que lleve la instrucción, o un número de teléfono móvil o un correo electrónico, para recibir las notificaciones, y la misma obligación recae sobre el acusado tras su primera comparecencia en cualquier diligencia. Y aquí está el quid del asunto: si el interesado no aporta estos datos, los aporta incompletos o incorrectos, o se produce un cambio que no se notifica, la notificación hecha en la secretaría del juzgado se considera válida y produce todos sus efectos. Es decir, descuidar la actualización de los datos de contacto no detiene el plazo, que sigue corriendo en contra del interesado aunque este lo ignore; así, actualizar el número o el correo electrónico deja de ser un trámite administrativo para convertirse en una cuestión con consecuencias jurídicas reales. Y madurar este sistema electrónico es, exactamente, para lo que sirvió ese plazo de gracia.

Entre las disposiciones que el nuevo texto reafirmó y perfeccionó en su redacción —sin inventarlas— está la inviolabilidad del domicilio. La regla es que no se puede entrar en una vivienda ni registrarla salvo por orden judicial motivada, con una excepción limitada a una llamada de socorro desde el interior o a un peligro derivado de un incendio, una inundación o algo similar, tal como establece el artículo 48 de la nueva ley con una redacción muy cercana a la que tenía el artículo 45 de la ley derogada. Lo mencionamos porque muchos creen que es una novedad, cuando en realidad es una regla asentada desde 1950; lo nuevo es su redacción, no su fondo.

Y en el otro lado de la ecuación, el que suele olvidarse, la ley dedica todo un capítulo a la protección de las víctimas, los testigos y los denunciantes, en los artículos 522 a 527. Con autorización de la Fiscalía General o del juez de instrucción, un testigo puede fijar como domicilio la comisaría de la que dependa o su lugar de trabajo, en lugar de su dirección real, y sus datos de identidad pueden ocultarse y guardarse en un expediente anexo confidencial si existe un peligro real para él o su familia, sin perjuicio del derecho de la defensa a impugnar esa medida ante el tribunal cuando revelar la identidad resulte necesario para ejercer sus derechos, y la confrontación puede realizarse sin descubrir la identidad del testigo. Es un capítulo dirigido a un grupo que durante mucho tiempo ha cargado en solitario con el costo de testificar.

¿Y qué significa todo esto para la mujer que espera en la fila? Que los topes de los plazos son ahora más cortos; que la presencia del abogado es la regla y su excepción, estrecha y precisa; que la notificación puede llegarle por medios electrónicos, así que conviene mantener sus datos exactos y actualizados, porque la negligencia en ello corre en su contra; y que su pregunta sobre las medidas alternativas tiene ahora un respaldo claro en el texto. Significa también que cualquier causa ya en curso antes del 1 de octubre exige una pregunta concreta a su abogado: qué diligencias se rigen por el texto antiguo y cuáles por el nuevo. Y esta explicación, por más cuidado que se haya puesto en ella, no sustituye la consulta a un abogado que conozca el expediente concreto del caso, porque la ley se lee en su texto, pero se aplica en detalles que solo conoce quien tiene el expediente en sus manos.