El presupuesto egipcio 2026/27 bajo la lupa del ciudadano: en vigor desde julio y con los intereses de la deuda como mayor partida
Presentado en las noticias como proyectos de ley en debate, el presupuesto 2026/27 de Egipto es ley desde el 1 de julio: 8,19 billones de libras egipcias en usos totales, los intereses de la deuda como mayor partida y un salario mínimo de 8.000 libras. Lo desciframos en clave familiar y auditamos la calidad de su trámite legislativo.

Medios oficiales, entre ellos el Servicio de Información del Estado, difundieron noticias sobre el debate en la Cámara de Representantes de proyectos de ley vinculados al presupuesto 2026/2027 y de acuerdos internacionales. La verificación de fechas coloca esas noticias en su contexto: aquellas sesiones se celebraron el pasado junio y ya concluyeron. La Cámara aprobó el presupuesto el 22 de junio de 2026, el presidente de la República ratificó su ley (la número 77 de 2026) y el texto entró en vigor el 1 de julio. El documento ya no es un proyecto sometido a discusión, sino una ley que rige el gasto del Estado desde hace unas siete semanas.
Según la agenda publicada por la Cámara, aquellas sesiones abarcaron la ley de aprobación del presupuesto general, las leyes de aprobación de los presupuestos de los organismos económicos públicos y de la Autoridad de Producción Militar, junto a acuerdos internacionales, entre ellos la suscripción de Egipto a las ampliaciones decimonovena y vigésima del capital de la Asociación Internacional de Fomento, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, y un financiamiento del Banco Africano de Desarrollo para apoyo presupuestario dentro de la segunda fase del programa de desarrollo del sector privado.
El 22 de julio, el presidente de la Cámara, Hisham Badawy, declaró clausurado el primer periodo ordinario de sesiones de la tercera legislatura, con un balance anunciado de 162 leyes y 31 acuerdos internacionales a lo largo de todo el periodo. La Cámara se encuentra, por tanto, en receso parlamentario y no volverá a reunirse hasta comienzos de octubre, según establece la Constitución.
En cifras, y según la ley de presupuesto publicada: el total de usos del presupuesto asciende a 8,186 billones de libras egipcias, de los cuales 5,188 billones son gasto efectivo, con un aumento cercano al 13 % respecto del año anterior, y unos 2,808 billones se destinan a pagar las cuotas vencidas de préstamos internos y externos. Los ingresos previstos, en cambio, alcanzan 4,056 billones de libras, lo que deja entre gastos e ingresos una brecha superior a 1,1 billones que se cubre con endeudamiento.
¿De dónde sale el dinero? Solo los impuestos aportan 3,529 billones de libras, cerca del 87 % de los ingresos, mientras que las donaciones no superan los 19.800 millones y los demás ingresos rondan los 507.000 millones. Dicho de forma sencilla: quienes financian principalmente el presupuesto son los ciudadanos y las empresas, no las donaciones ni otros recursos soberanos.
¿Y adónde va? La partida más abultada de todas son los intereses de la deuda: 2,42 billones de libras, alrededor del 47 % del gasto, el equivalente a cerca del 69 % de la recaudación fiscal prevista y casi el triple de la partida salarial. Le siguen los subsidios, las ayudas y las prestaciones sociales, con 836.800 millones; los salarios de los empleados del Estado, con 822.800 millones; la inversión pública, con 553.700 millones frente a los 434.900 millones anteriores; y la compra de bienes y servicios, con 293.700 millones.
En la mesa de las familias, directamente: el salario mínimo subió de 7.000 a 8.000 libras mensuales a partir de las nóminas de julio para los empleados del aparato administrativo del Estado y de los organismos económicos, dentro de un paquete salarial incluido en el nuevo presupuesto, según el Ministerio de Finanzas.
En materia de subsidios: 178.300 millones de libras se destinan a los productos de la cartilla de racionamiento y al pan subvencionado, frente a los 160.000 millones del año anterior, según el Ministerio de Finanzas; unos 55.000 millones financian el programa de transferencias monetarias «Takaful y Karama», que cubre a unos 4,7 millones de familias; y las partidas para el tratamiento médico a cargo del Estado suben hasta unos 23.100 millones, con un aumento cercano al 52 %. La presentación del Gobierno incluía además una subida de alrededor del 30 % en las asignaciones de sanidad y del 20 % en las de educación.
En cuanto a las metas globales anunciadas por el ministro de Finanzas, Ahmed Kouchouk, son estas: reducir el déficit total al 4,9 % del producto interior bruto, el nivel más bajo en una década; lograr un superávit primario récord de en torno al 5 % del PIB, equivalente a unos 1,2 billones de libras; y rebajar la deuda de los organismos presupuestarios al 78 % del PIB en junio de 2027. En palabras sencillas, un superávit primario significa que el Estado recauda más de lo que gasta antes de contar los intereses de la deuda; pero esos intereses, por sí solos, convierten el resultado en déficit.
Al aplicar al proceso presupuestario el «índice de calidad legislativa» que puso en marcha nuestra plataforma, la medición empieza por la transparencia y la disponibilidad de documentos. La última edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS 2025), publicada en junio de 2026 por la International Budget Partnership, otorgó a Egipto 59 puntos sobre 100 en transparencia, diez más que en 2023, y reconoció la publicación puntual del informe previo al presupuesto y de un presupuesto ciudadano, así como la difusión electrónica, por primera vez, del informe del órgano de control. Con todo, la nota sigue por debajo del umbral de suficiencia, situado en 61, y la encuesta registró un recorte de los datos de ingresos, deuda y gasto dentro del presupuesto aprobado, mientras que la participación pública no pasó de 35 sobre 100.
En el criterio del calendario: el proyecto llegó a los diputados dentro del plazo constitucional, que obliga a presentarlo al menos 90 días antes del inicio del ejercicio fiscal; pero la aprobación definitiva no llegó hasta el 22 de junio, apenas nueve días antes de su entrada en vigor, y los detalles completos de la ley ratificada no se difundieron ampliamente hasta que el año fiscal ya había empezado. En ese mismo periodo de sesiones, la Cámara aprobó además la cuenta general del ejercicio 2024/2025, es decir, cerca de un año después de su cierre: un retraso que debilita el circuito de rendición de cuentas entre lo que se planificó y lo que realmente se gastó.
La conclusión, en una balanza neutral: las cifras al alcance del ciudadano son este año más abundantes que antes y las notas de transparencia mejoran, según el testimonio de una medición internacional independiente. Pero quien quiera saber adónde va su libra sigue leyendo el documento presupuestario cuando su gasto ya ha empezado, y espera cerca de un año su cuenta general. Esa es la distancia que aún separa un presupuesto que se publica de un presupuesto que se debate con la gente a tiempo.
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